Tras 25 años de negociaciones, se anunció en Montevideo (Uruguay) el acuerdo entre los países del bloque Mercosur y la Unión Europea. No es, sin embargo, el resultado final. Será necesario someter el texto a la aprobación de las asambleas legislativas de los países del Mercosur, del Consejo Europeo con sus 27 Jefes de Estado y de Gobierno, y del Parlamento Europeo. Brasil ha vivido estas horas con gran entusiasmo, pensando ya en los beneficios que podrá obtener. De hecho, el gigante latinoamericano podría ser de todos los países del bloque el más beneficiado gracias a sus productos de exportación, como la soja y el café. Según las previsiones del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), Brasil, gracias al acuerdo, podría ver crecer su Producto Interior Bruto (PIB) un 0,46% entre 2024 y 2040 y en la balanza comercial ganar 302,6 millones de dólares, mientras que para el resto del bloque rondaría los 169,2 millones de dólares. En su intervención durante la reunión en Montevideo de los países del Mercosur, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, a los que recientemente se sumó Bolivia, el presidente Lula calificó el acuerdo de “moderno y equilibrado”. “Estamos creando una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, que reúne a más de 700 millones de personas. Nuestras economías juntas representan un PIB de 22 billones de dólares”, añadió.
El anuncio fue hecho por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que voló especialmente a Montevideo desde Bruselas, y con quien el Presidente Lula había mantenido una reunión sobre el mismo tema al margen del G20 en Rio de Janeiro. “El acuerdo con Mercosur es una victoria para Europa”, declaró von der Leyen. Añadió que “se trata de un acuerdo en el que todos salen ganando y que llevará importantes beneficios a los consumidores y las empresas de ambas partes. Nos centramos en la equidad y el beneficio mutuo. Escuchamos las preocupaciones de nuestros agricultores y actuamos en consecuencia. Este acuerdo incluye garantías sólidas para proteger sus medios de vida”, afirmó. Von der Leyen añadió que las normas sanitarias y alimentarias de la UE seguirán siendo “intocables” y que los exportadores de Mercosur tendrán que respetarlas “estrictamente”. “Esta es la realidad de un acuerdo que ahorrará a las empresas de la UE 4.000 millones de euros anuales en derechos de exportación”, concluyó.
En Brasil, quien más se beneficiará del acuerdo será el sector agroalimentario. Importante productor de alimentos como carne, soja y café, el gigante latinoamericano podría ampliar sus ventas en el bloque europeo si los aranceles a la exportación de los productos se ponen a cero o se reducen. Después de China, es el Viejo Continente el mayor importador de productos agroindustriales brasileños. En 2023, Europa recibió el 12,93% de los productos exportados por Brasil, por un valor total de 21.500 millones de dólares, según datos del Ministerio de Agricultura.
Si el acuerdo sale realmente adelante, Brasil vería una gran reducción de los aranceles a la exportación, que hoy oscilan entre la media del 17% del valor del producto y que, en algunos casos excepcionales, llegan al 200%. Además, el mercado europeo garantizaría a los agricultores unos ingresos estables en un contexto mundial turbulento. El principal producto brasileño exportado a Europa en 2023 fue la soja y sus derivados, seguido del café, la madera y la carne. Según el acuerdo anunciado en Montevideo, algunos productos estarán sujetos a un valor de cuota, como la carne, el azúcar y el queso. También se reconoce la indicación geográfica, que permite proteger de la imitación determinados productos típicos de un país. Entre los productos brasileños figuran el queso canasta, la salchicha de Maracajú y el café da Alta Mogiana.
“Es el mayor acuerdo entre personas de todo el mundo. También quiero destacar su gran importancia en un mundo fragmentado y polarizado. Es la prueba del diálogo. También quiero destacar el liderazgo del Presidente Lula. Si él no fuera Presidente de Brasil, difícilmente se habría alcanzado este acuerdo”, afirmó el vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin. En realidad, el acuerdo entre la UE y el Mercosur ya había sido firmado en 2019, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En los años siguientes, sin embargo, fue Europa, en una carta, la que exigió un mayor compromiso ambiental de los países del bloque sudamericano. La posterior ley antideforestación europea que impide que productos de zonas deforestadas accedan a los mercados del Viejo Continente fue la gota que colmó el vaso y paralizó el acuerdo. Incluso Lula había entrado en el debate, interviniendo duramente sobre la cuestión de la apertura del mercado de contratación pública a los europeos en Brasil, que según él socavaría la industria nacional. El acuerdo anunciado ayer no sólo prevé el libre comercio entre los dos bloques, sino también tratados sobre temas como la cooperación política y medioambiental, la protección de los derechos de propiedad intelectual y también la apertura de las licitaciones públicas. En las negociaciones que concluyeron la semana pasada, el gobierno brasileño insistió precisamente en este punto. “Conseguimos preservar nuestros intereses en materia de contratación pública, lo que nos permitirá aplicar políticas públicas en ámbitos como la salud, la agricultura familiar, la ciencia y la tecnología”, declaró Lula.
La cuestión de las compras públicas es la principal novedad introducida en el texto de 2024, respecto al firmado en 2019, dentro de lo que la Cancillería brasileña denominó el ‘paquete Brasilia’, compuesto por diez artículos negociados durante el gobierno Lula, entre 2023 y 2024. Por ejemplo, Brasil consiguió mantener a las empresas europeas fuera de sus licitaciones para el Sistema Público de Salud, el SUS. Varios expertos sostienen que esta decisión de limitar el acceso de las empresas extranjeras a las licitaciones públicas brasileñas aleja al gigante latinoamericano de los estándares internacionales de transparencia. Por ello, hace inviable la entrada de Brasil en la lista de naciones que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, creada el 14 de diciembre de 1960 por el Convenio de París para promover el desarrollo económico entre sus miembros mediante la realización de análisis anuales de la economía de cada país y la sugerencia de reformas y cambios.
En el trasfondo del acuerdo, sin embargo, permanecen los temores de todos los países implicados. Por un lado, los agricultores europeos temen que la producción local se vea perjudicada porque los productos agrícolas del Mercosur entrarían en la región en “condiciones de competencia desiguales”. Se trataría de una competencia desleal, ya que, según ellos, la producción de estos alimentos en el bloque sudamericano no está sujeta a los mismos requisitos medioambientales y sociales, ni a las mismas normas sanitarias, en caso de controles inadecuados, que en Europa. Por otra parte, el bloque latinoamericano también podría sufrir la competencia de Europa en los sectores industrial, químico y automovilístico. Brasil, por ejemplo, podría encontrarse en desventaja frente a la industria europea debido a sus elevados costes logísticos. Sin embargo, la industria brasileña reaccionó positivamente al acuerdo. En un comunicado, la Confederación Nacional de Industria (CNI) afirmó que, al crear una de las mayores áreas de integración económica del mundo, que abarca un mercado de más de 750 millones de consumidores, con una cuota del 17% de la economía mundial y el 30% de las exportaciones globales de bienes, “el acuerdo sentará las bases para integrar la economía brasileña en las cadenas de valor de forma más sólida y competitiva”.
En las últimas semanas, el gigante latinoamericano ha vivido en primera persona la hostilidad al acuerdo por parte de Francia. Después de que el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, hubiera anunciado el cese de la venta de carne latinoamericana en sus supermercados de Francia, señalando que el acuerdo crearía el “riesgo de que el mercado francés se viera sometido a una producción de carne que no cumple los requisitos y las normas”. Brasil se había rebelado negándose a vender su carne a las sucursales brasileñas de los supermercados Carrefour. La crisis había remitido entonces con una disculpa desde París por parte del CEO. Pero ayer Lula siguió refiriéndose al caso sin mencionar directamente a la empresa francesa. “Nuestra fuerza agrícola y pecuaria nos hace garantes de la seguridad alimentaria en varios países del mundo, respetando estrictas normas sanitarias y ambientales”, dijo Lula. “No aceptaremos intentos de difamar la reconocida calidad y seguridad de nuestros productos. Mercosur es un ejemplo de que es posible conciliar el desarrollo económico con la responsabilidad medioambiental”, añadió el presidente brasileño. En el nuevo acuerdo, se dedica un capítulo al comercio y al desarrollo sostenible. Las dos partes “acordaron una serie de compromisos para proteger el medio ambiente y promover el trabajo decente”. Según el gobierno brasileño, el texto contiene “compromisos destinados a evitar que el argumento medioambiental sirva para justificar barreras innecesarias al comercio”.
El investigador brasileño del Centro de Estudios de Gobernanza Global de la Universidad de Lovaina (Bélgica), Gustavo Gayger Müller, declaró al diario O Estado de São Paulo que el acuerdo sirve a Europa para frenar el avance de China en América Latina en un momento en que una de sus mayores economías, la alemana, está en crisis. “Sin embargo, hay una cuestión importante. En Europa tenemos gobiernos moderados, de centro-izquierda a centro-derecha, gobiernos europeístas en países como Francia y Polonia, pero las elecciones están a la vuelta de la esquina. Considero una apuesta muy arriesgada que la Comisión Europea fuerce un acuerdo -aunque este momento se vea como una oportunidad- porque expone a estos gobiernos que son bastante moderados a críticas más extremistas en un ambiente extremadamente polarizado”, declaró Müller a O Estado de São Paulo.
Entre los países opositores está Francia, que ha prometido en las últimas horas que luchará hasta el final para impedir que el acuerdo se apruebe en Europa. Su ministra de Comercio Exterior, Sophie Primas, ha declarado que “luchará hasta el final” junto a los países europeos contrarios. Mientras tanto, Italia también ha hecho saber que no cree que se den las condiciones para firmar el texto tal y como está redactado actualmente. El gobierno italiano quiere “una protección adecuada para el sector agrícola europeo” y exige que los productos que entren en el mercado europeo respeten “plenamente” las normas del bloque. El voto italiano podría ser decisivo. Se necesitan cuatro o más Estados que representen al menos el 35% de la población europea para bloquear el acuerdo.