La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, de abrir una investigación contra el expresidente y ex consejero ejecutivo de la constructora española Isolux Luis Delso, y contra otro exdirectivo, responsable de la división sudamericana de la compañía, por delitos de corrupción en las transacciones internacionales, según especifica un auto de 16 de septiembre, al que ha tenido acceso esta redacción.
En concreto, el magistrado De Jorge admitió a trámite la querella que presentó el pasado 16 de mayo de 2024 la Fiscalía Anticorrupción contra estos empresarios por el supuesto pago de mordidas a un empleado de la Universidad de Chile (Usach), quien como director de Administración y Finanzas de esta universidad «desempeñó un papel relevante en la licitación y ejecución» de la obra para la «Construcción del Edificio Docente y Centros de Administración» de la Universidad, por un importe de 13 millones de euros. Este funcionario universitario también se encargaba de «autorizar los sucesivos pagos a la entidad adjudicataria».
En su querella, el Ministerio Fiscal sostiene que en marzo y junio de 2014 responsables del Grupo Isolux-Corsan con la intermediación «efectiva, consciente y voluntaria» de un ciudadano chileno, que había sido contratado como consultor el 10 de septiembre de 2012, y del delegado de la compañía española en Sudamérica, entregaron al funcionario de la Universidad chilena «30 millones de pesos en efectivo [30.000 euros]. También le sufragaron gastos por importe de 2.448.686 pesos [2.400 euros] correspondientes a pasajes de ida y vuelta, entradas y estancia en Brasil los días 27, 28, y 29 de junio de 2014, para asistir con su mujer a un encuentro de la Copa del Mundo de Fútbol entre las selecciones de Brasil y Chile, que se celebraría en la localidad de Bello Horizonte (Brasil)».
«Dos facturas»
«Todos esos pagos», concluye la Fiscalía Anticorrupción, «tenían por finalidad que dicho funcionario, desde su ámbito de gestión en la Universidad de Chile, hiciera lo necesario para facilitar el pago a Corsan-Corviam de dos facturas emitidas por la misma, con motivo de la ejecución de las obras reseñadas, a pesar de que los retrasos y anomalías en que había incurrido dicha sociedad determinaban su impago y la resolución anticipada del contrato».
Y gracias al supuesto pago de estas dádivas, la Universidad chilena abonó las cantidades adeudadas: «Ello a pesar de que tales estados de pago se cursaron con una semana de diferencia, incumpliendo así el plazo de treinta días exigido por el contrato de ejecución, y de que tales documentos incluían trabajos (instalación de ascensores, entre otros) que en realidad no se habían ejecutado», prosigue la acusación pública, que destaca que la compañía española logró evitar «la imposición de sanciones y mantener en vigor el contrato de obra, cuando lo procedente era su rescisión. Todo ello, además, causó un perjuicio económico a la Universidad de Santiago de Chile, pues dado el verdadero estado de avance de la obra, la entidad adjudicataria habría recibido anticipadamente un pago indebido de 819.661.800 pesos«.
En 2014, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte de Chile recibió una denuncia anónima en la que se relataba, explica el Ministerio Fiscal español, «parte de los hechos referidos», por lo que el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago de Chile abrió una causa en el que «tales hechos quedaron acreditados», por lo que el funcionario de la Universidad chilena fue condenado como autor de tres delitos de cohecho.
Sobreseimiento en Argentina
En 2022, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya había acordado el sobreseimiento provisional de la investigación que había decretado el 19 de julio de 2022 el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, que había abierto en 2020 unas pesquisas sobre las supuestas mordidas abonadas por exdirectivos de la firma Isolux Corsán a altos funcionarios vinculados con la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner.
En España, un informe interno realizado por un trabajador de Isolux confirmó la existencia de irregularidades cometidas por los directivos de la firma en Argentina, cuyo máximo responsable en Latinoamérica, Juan Carlos de Goycoechea, que acabó despedido, fue detenido por las autoridades de este país sudamericana en el marco de una causa en la que también está procesada Fernández de Kirchner.