El Gobierno, bajo la administración del presidente Javier Milei, ha tomado la decisión de eliminar tres fondos fiduciarios debido a irregularidades detectadas en su funcionamiento. Esta medida quedó oficializada a través del Decreto 6/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se basa en los resultados obtenidos en una auditoría llevada a cabo por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Los fondos fiduciarios eliminados por el Gobierno son el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF). Estos fondos tenían como objetivo principal financiar programas de desarrollo en áreas clave como la tecnología de la información y la comunicación, la vivienda social y la agricultura familiar.
El Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado bajo la Ley 27.078, tenía como fin desarrollar tecnologías de información y comunicación, garantizando la completa neutralidad de las redes. Sin embargo, la auditoría de la SIGEN reveló que varios programas asociados carecían de instrumentos que justificaran su continuidad y no cumplían con los objetivos estipulados.
Por otro lado, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, generado por la Ley 27.341, estaba destinado a financiar programas de vivienda social e infraestructura básica con fondos públicos, privados y de organismos internacionales.
La auditoría detectó obras finalizadas que no contaban con las correspondientes rendiciones de cuentas y proyectos rescindidos sin devolución de fondos. Finalmente, el PRODAF, cuya misión era facilitar el acceso al crédito para los beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, fue considerado prescindible al haber cumplido sus metas iniciales.
La auditoría realizada por la SIGEN destacó diversas irregularidades en la administración de estos fondos. En el caso del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, se detectó la existencia de programas anteriores al año 2021 que se encontraban en ejecución durante 2024, sin que constara un instrumento que haya previsto su prórroga.
Investigación
Además, se identificaron casos de proyectos aprobados como beneficiarios del fondo sin que se pudiera fundamentar dicha condición, ya que no se cumplían los requisitos establecidos normativamente para su inclusión en los beneficios.
En cuanto al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, se encontraron obras culminadas sin rendiciones finales por parte de los entes ejecutores y proyectos rescindidos sin devolución de las sumas aportadas por el fondo. Estas deficiencias en la administración y el incumplimiento de los objetivos para los que fueron creados llevaron a la decisión de disolver estos fondos.
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