En el mismo día en que se anunció un recorte fenomenal al presupuesto del ARCA (exAFIP) y los sueldos que se pagan en la autoridad fiscal nacional, el gobierno nacional también prorrogó una medida que determina los márgenes para las negociaciones salariales en el Estado.
Básicamente, la medida exige que las discusiones salariales se den en cada dependencia y jurisdicción, en el marco de restricción presupuestaria, y de acuerdo a los presupuestos aprobados. Vale la pena recordar que el Presupuesto Nacional de 2023 fue prorrogado una vez más por decreto para 2025.
La noticia llegó luego de que la reunión paritaria con los principales gremios estatales, ATE y UPCN, fracasara a fin de 2024 y se pasara a cuarto intermedio en la negociación.
Decisión sobre los sueldos de los estatales
A través de la Decisión Administrativa 1/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, se prorrogó por un año la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024 establecida en febrero del año pasado, que determinó las pautas de la negociación salarial en las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional.
Se trata de una de las medidas resueltas para fomentar el equilibrio fiscal mediante reducción del gasto público que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo promovieron todo el año pasado, y que llevó a duras negociaciones paritarias con los gremios estatales, que se negaron a aceptar los límites de 2% y 1% de aumento mensual que el Gobierno propuso, por debajo de la inflación.
El texto de la nueva resolución consigna «que las medidas implementadas marcaron un camino de reducción del gasto público sin perder el objetivo de optimizar los recursos y lograr un accionar más eficiente del ESTADO NACIONAL», y que «en esta instancia, resulta indispensable seguir por el camino trazado y prorrogar los lineamientos fijados, manteniendo durante el Ejercicio 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional que se adecuen a los objetivos mencionados y garanticen la equidad salarial.»
En ese marco, seguirá vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año la medida que determinó, entre otras cosas, que «las retribuciones del personal deben ajustarse mediante negociaciones colectivas que respeten el marco normativo, incluyan la participación de los actores pertinentes y se ajusten a las previsiones presupuestarias vigentes«.
A la vez, determinaba la restricción presupuestaria: «Los convenios colectivos deben negociarse dentro de los presupuestos disponibles, promoviendo eficiencia y equidad salarial.»
La decisión administrativa está firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Motosierra en el Estado
El pasado 31 de diciembre se estancaron una vez más las paritarias del Estado Nacional y se decidió un pase a cuarto intermedio hasta la segunda semana de enero.
En ese entonces, Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, envió un comunicado diciendo que no hubo una oferta concreta de aumento de sueldo de parte del Estado, y que «está claro que los tiempos del Gobierno no se corresponden con las necesidades urgentes que tienen los trabajadores. Es evidente que a estos funcionarios les sobra plata para llegar a fin de mes».
Según los cálculos de ATE, durante el 2024, el aumento para el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional fue del 73%, mientras que la inflación (aún sin conocer el dato de diciembre) superó el 112%.«El Ejecutivo mantiene su estrategia de retardar los incrementos y de esa manera seguir ajustando los salarios en el Sector Público. Decidimos aceptar el cuarto intermedio con el único propósito de que esta instancia se mantenga abierta y por lo tanto cualquier posible aumento impacte con los haberes de enero», agregó el dirigente.
A esto se suman otras medidas que el gobierno nacional promovió para reducir la nómina en el Estado, como el requisito de rendir un examen del Sistema de Evaluación Püblica (SEP). ATE informó que en la primera semana de vigencia de ese sistema, el 96,3% de los exámenes fueron aprobados por los empleados. Luego de eso, el ministro Sturzenegger renovó 40.000 contratos en el Estado, sin autorizar su pase a planta permanente, como pedían los sindicatos.
Mediante el decreto 1148/2024 se estableció que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier tipo. Y las contrataciones con fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2025 no podrán extenderse más allá del 30 de junio del mismo año.
Asimismo, a principio de año se oficializó en el Boletín Oficial el famoso sistema del 3×1. Esto quiere decir que a partir de ahora, para abrir un nuevo puesto de trabajo en el gobierno nacional cada dependencia deberá justificarlo con tres bajas que se hayan producido en su nómina, de la naturaleza que sean (despido, renuncia, retiro, etc.) A la vez, cuando cualquiera de las jurisdiciones decida oficializar un alta de personal, la misma deberá ser validada por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Püblico.