Antes que finalice el año anterior, el entorno de Javier Milei había descartado la posibilidad de nombrar por decreto a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en conferencia de prensa que no se estaba redactado ningún documento para designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. También sostuvo que la designación por decreto solo ocurriría si el mandatario lo consideraba imperioso para el funcionamiento de la Justicia y en caso de que el Senado no resolviera la situación.
Panorama e idas y vueltas
«Habían dicho que antes del 28 de diciembre se iban a decretar los nombramientos, si eso ocurre es porque el presidente considera que debe ocurrir porque la Justicia se empantanó en el proceso judicial», había dicho Adorni, tomando distancia de las especulaciones y «fake news» sobre una decisión inminente. Además, había expresado que todas las opciones estaban en análisis, pero el Ejecutivo priorizaría que el Senado tratara los pliegos.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
En una línea similar, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también manifestó a fines de noviembre que Milei contemplaba la posibilidad de un decreto, pero que aún no había una decisión tomada. «Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada», indicó.
Pero, ante tal posibilidad, la Corte Suprema de Justicia emitió una acordada estableciendo un mecanismo para funcionar con tres jueces y el auxilio de conjueces. Esta medida fue respaldada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, quien planteó objeciones argumentando posibles nulidades.
Días después, Francos criticó la lentitud del máximo tribunal, señalando que algunos fallos tardan hasta 20 años en resolverse. «Cuando uno mira los tiempos que llevan los fallos de la Corte, es lamentable. No sé si puede funcionar con tres jueces», indicó.
Milei reconsideraría avanzar con un decreto
Ahora, ante la falta de apoyo en el Senado para la designación de los jueces, el Gobierno habría reconsiderado la posibilidad de avanzar con un decreto. Al menos así lo dejó entrever el jefe de Gabinete de Ministros quien afirmó este miércoles que «si bien no es la intención del Presidente, sí es una posibilidad que existe», en referencia a la herramienta prevista por la Constitución Nacional en caso de falta de sesiones legislativas.
La situación en el Senado es compleja. La presidente de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, decidió apartarse de las negociaciones sobre la designación de Lijo, manifestando su desacuerdo con su perfil. Esto, claramente, dificulta la búsqueda de los votos necesarios para aprobar el pliego, y agiganta las internas políticas dentro del espacio libertario.
La negativa de la vicepresidente Victoria Villarruel dificulta el tratamiento
En cuanto a los candidatos, el abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla cuenta con poco respaldo, mientras que el juez federal Ariel Lijo obtuvo cierto apoyo de la oposición, aunque sigue generando tensiones dentro del oficialismo. Villarruel fue clara al expresar su negativa a su postulación, lo que complica las negociaciones. Mientras tanto, la Corte Suprema opera con tres integrantes desde la jubilación de Juan Carlos Maqueda y recurrió a conjueces para mantener su funcionamiento.
Del otro lado, el oficialismo, en busca de destrabar la situación, mantuvo reuniones con senadores aliados para discutir el tratamiento de los pliegos en el marco de las sesiones extraordinarias. En un reciente encuentro, participaron los senadores libertarios Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche, el radical Pablo Blanco, Carlos Espínola de Provincias Unidas, y los legisladores del PRO, Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling.
Desde la Casa Rosada, acompañaron a Villarruel y Francos en las negociaciones el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal; y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar Moscariello.
El Ejecutivo continúa evaluando sus opciones, mientras el Senado sigue sin alcanzar los consensos necesarios para la aprobación de los pliegos de Lijo y García-Mansilla. La posibilidad de un decreto presidencial sigue en análisis, a la espera de una definición por parte del presidente Milei.