No es la primera vez, y seguramente no será la última, que el Gobierno pierde una votación parlamentaria, pero en pocas ocasiones la ciudadanía en su conjunto suele ser consciente de lo que supone que un proyecto de ley o un decreto decaigan. Acostumbra a ocurrir, de hecho, que como se trata de normas nuevas o reformas de alguna ya existente sus consecuencias exactas se desconocen porque dependen de su aplicación posterior. Pero en el caso concreto del decreto ómnibus, que el Ejecutivo fue incapaz de sacar adelante el miércoles porque PP y Junts se negaron a respaldarlo, todo el mundo puede conocer ya sus repercusiones. De una u otra manera su no aprobación va a perjudicar a una amplia mayoría, ya que el decreto recogía la prórroga de medidas que ya se estaban aplicando, desde la subida de las pensiones a las ayudas a los afectados por la dana y al transporte, hasta la suspensión de desahucios para hogares vulnerables, la prórroga del salario mínimo o las ayudas a la compra de vehículos eléctricos.
Los afectados por la falta de acuerdo entre los partidos políticos se cuentan en este caso por millones, y muchas de ellas forman parte de colectivos de renta no precisamente alta. La propia esencia de esas medidas y la multitud de personas a las que perjudica hace aún más inconcebible el choque de las principales fuerzas políticas sobre un asunto tan crucial. Todo el mundo entiende -o al menos las soporta- las desavenencias en el juego político Gobierno/oposición, pero a nadie parece caberle en la cabeza que lleven ese escenario de polarización hasta el extremo de perjudicar a millones de ciudadanos, aduciendo criterios incomprensibles cuando se trata de las cosas de comer y, en cualquier caso, espurios. Podría entenderse un plante ante un decreto en el que el Gobierno forzase a un trágala al resto de fuerzas políticas envolviendo en el mismo paquete medidas de interés general con píldoras inaceptables para la oposición. Pero aunque esta práctica tantas veces repetida sea muy discutible, no parece que haya en ese decreto medidas suficientes para justificar el rechazo, por mucho que PP y Junts traten de justificar su voto en contra. Más bien parece que lo que buscaban era hacerle morder el polvo a Pedro Sánchez. Una victoria pírrica en la que, por más que pretendieran aplicarle una cura de humildad al presidente, nadie gana y son muchos los que pierden en su vida cotidiana. Tampoco gana nadie si el Gobierno prefiere dilatar la solución para hacer recaer su coste a la oposición, en lugar de agilizar todos los atajos viables para minimizar los daños.
Actitudes cortoplacistas y oportunistas como las demostradas el miércoles erosionan cada vez más la confianza de los electores y abren una gran cuña por la que avanza la extrema derecha. Es muy difícil que la ciudadanía entienda qué lleva a los partidos a cerrar pactos de investidura que no implican ningún compromiso posterior de gobernabilidad y que están, por tanto, provocando la parálisis de las instituciones. No solo el Parlamento español se muestra incapaz de avanzar en la aprobación de unos presupuestos generales, tampoco pueden hacerlo los parlamentos autonómicos ni muchos ayuntamientos. Y en ello están implicados PSOE, PP, PSC, Junts, ERC y Vox. Solo los partidos vascos parecen comportarse, hasta ahora, como adultos. Al resto no parece importarle jugar con fuego, aunque el incendio pueda acabar por dañar al propio sistema democrático.