A través del Ministerio de Seguridad, la cartera a cargo de Patricia Bullrich ofrece 10 millones de pesos de recompensa para quienes brinden datos que permitan capturar a quienes ocasionaron disturbios durante la marcha por los jubilados del miércoles 11 de marzo.
Apenas unas horas antes de que comience una nueva convocatoria en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quienes brinden datos que permitan identificar a quienes generaron los incidentes en el Congreso el pasado miércoles.
Desde la cartera a cargo de Patricia Bullrich ofrecieron la compensación económica para «aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional».
Afirmaciones temerarias
La resolución n.º 2025-357 del Ministerio de Seguridad Nacional, la que oficializa la oferta de recompensa, contiene una serie de afirmaciones, cuanto menos, inexactas.
«Es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y ‘barrabravas’ de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores», se detalla en la resolución.
A pesar de la insistencia de la Ministra Bullrrich con estas afirmaciones, no hay ninguna evidencia formal sobre la participación de “barrabravas”. Mucho menos de que el fin de la participación de los hinchas de fútbol que efectivamente asistieron en calidad de tales, o de otras personas asistentes, hayan tenido fines desestablizantes.
La Ministra fue intimada por la justicia a presentar evidencia sobre ambas cuestiones pero, al menos hasta el mismo día de redacción del decreto, no había presentado ninguna.
En la publicación oficial también se indicó que «los grupos movilizados nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas» y que «incendiaron una moto policial y un patrullero, pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de efectivos policiales».
El texto del decreto asigna responsabilidad directa en estos sucesos a “los grupos movilizados” sin considerar una gran cantidad de denuncias públicas y evidencias de amplia difusión en redes y medios periodísticos que apuntan a los propios miembros del operativo policial.
Vale la pena recordar que, todo funcionario público que en un instrumento público inserta mentiras o hechos falsos, comete el delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 293 del Código Penal.
Amenazas explícitas
En el documento se aclaró también que «es de vital importancia para el Poder Ejecutivo Nacional garantizar el orden público y la estabilidad institucional, previniendo y sancionando cualquier acto de violencia que atente contra el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y que proteja a la ciudadanía».
Una obviedad, pero este sería el fundamento para señalar en la Resolución que: «En caso de registrarse nuevas manifestaciones con características similares a las descriptas, el Poder Ejecutivo podrá adoptar medidas análogas, a fin de preservar la paz social y asegurar el respeto a las normas vigentes».
Una advertencia que no tiene ningún sentido como parte de la resolución en cuestión.
En la resolución emitida este miércoles, se refuerza esta intención al señalar que «atendiendo a la gravedad de los hechos y la posibilidad de reiteración de situaciones de violencia organizadas», el Poder Ejecutivo «evaluará la ampliación de la presente resolución con el objetivo de reforzar las acciones tendientes a la identificación, sanción y prevención de este tipo de delitos».
El megaoperativo de este miércoles en el Congreso
La cúpula de Seguridad del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada para ajustar los detalles del megaoperativo que se desplegará este miércoles. Se decidió que más de 2.000 agentes, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, se dispondrán en el Congreso y sus alrededores.
El contexto es el clima tenso por el debate del DNU 179/25 y las secuelas de la represión de la semana pasada, que resultó en más de un centenar de detenidos y decenas de heridos.
A los 900 policías de la fuerza porteña que pondrá el Gobierno de la Ciudad se sumarán 720 policías federales y unos 400 entre miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Un juez decidió asistir personalmente como observador, para evaluar la evolución de la jornada en el marco de un amparo contra el protocolo de seguridad implementado por la ministra Bullrrich.