El paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciado para el 10 de abril rompió la tensa paz que había tejido con el Gobierno. La línea de acción de los gremios avanzará sobre las calles. La del oficialismo, menos visible, busca “reconstruir puentes”, tal como indicaron en la Casa Rosada, mientras existe una amenaza latente sobre posibles modificaciones en un asunto sensible: la caja sindical y los aportes de los asalariados no afiliados a ellos.
El presidente, Javier Milei, pronunció en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa que “es necesario profundizar” el camino de reformas en el mundo del trabajo. Aunque no brindó detalles sobre propuestas, el mismo día que la CGT confirmó su paro, el diputado José Luis Espert, una de las espadas económicas de La Libertad Avanza en el Parlamento, sostuvo que “la eliminación del aporte sindical que está en cabeza de las empresas, que es una extracción de los sueldos de los asalariados, formaría parte de esa mega reforma laboral”.
Como explicaron tres cámaras empresariales, el sector privado realiza dos tipos de giros de dinero a los gremios. Uno de ellos es la cuota sindical, a nombre de los empleados afiliados a determinado gremio. El otro es el denominado “aporte solidario”, que también incluye a trabajadores no afiliados. Este aporte oscila entre el 1% y 2% de la remuneración bruta mensual de los empleados. La suma de ese pequeño porcentaje representa un ingreso de miles de millones de pesos para los sindicatos.
Por ejemplo, el Sindicato de Empleados de Comercio, bajo el ala de Armando Cavalieri, explica en su sitio web: “En el caso de comercio, corresponde al 2% según lo establecido por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. Dicho porcentaje se descuenta a todos/as los/as trabajadores/as bajo convenio 130/75, independientemente de si están o no afiliados al Sindicato”. Al considerar el salario básico acordado por el sector, ese aporte le insumiría $18.900 mensuales a cada empleado. Si se lo multiplicara por la cantidad de afiliados, sin tener en cuenta a los no afiliados, el ingreso ascendería a al menos $13.230 millones.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo titular es Abel Furlán, también registra un “aporte solidario” del 2%, tal como confirmaron organizaciones empresarias. Es decir, a un trabajador metalúrgico no afiliado al sindicato, aunque circunscripto al convenio colectivo de trabajo, se le retienen $14.527 de su ingreso mensual.
En el caso de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, la contribución solidaria no está fijada con porcentaje, sino con una determinada suma, y según su acuerdo paritario, corre “a cargo de los empleadores”. Por ejemplo, entre diciembre y febrero, habían consensuado $16.000 mensuales por cada empleado, sea o no afiliado al sindicato. Este ingreso representó al menos $9.600 millones en dicho trimestre.
A diferencia de los casos anteriores, esa suma no se retiene del salario del empleado. Sin embargo, un empresario pyme con trabajadores que manejan camiones dijo que “es dinero que se paga y evita darle más aumento al empleado”.
Hay una tercera variante en el universo de estos aportes sindicales que afectan a los no afiliados. En estos casos, se aplica una retención sobre el salario de los trabajadores, pero en el caso de los afiliados al gremio, dicho importe corre a cuenta del pago de la cuota sindical. Los casos de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), comandada por Gerardo Martínez, y de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), liderada por el cegetista Héctor Daer, reflejan esto.
Lo de la UOCRA reviste un carácter excepcional, como muestran en su sitio web. “1,5% sobre remuneraciones de NO afiliados (devengado del periodo 06/2024 hasta el periodo devengado 11/2024 inclusive)”, explicaron. A montos de ese momento, teniendo en cuenta el salario mínimo, para un ayudante que trabaja ocho horas diarias y tiene 20 jornales al mes, significaría una retención de $4.377.
En el caso del gremio de la sanidad, su acuerdo paritario incluye una “cuota de solidaridad”, además de una contribución extraordinaria a cuenta de las empresas. “Se establece para todos los beneficiarios del convenio colectivo de trabajo 122/75 un aporte solidario equivalente al 1% de la remuneración integral mensual”. En función de las distintas funciones que se pueden cumplir en el sector salud, esa retención oscila entre los $7.900 y los $11.150 por mes.
LA NACION consultó a los sindicatos mencionados, pero no respondieron al momento de publicación de este artículo.
El Gobierno ya había intentado introducir cambios a este esquema. El “megadecreto” con el que Milei inauguró su gestión en diciembre de 2023, el DNU 70/2023, limitaba el pago de cuotas, aportes o contribuciones a asociaciones con personería gremial de parte de trabajadores “solo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Esto y otros factores motivaron el primer paro de la CGT realizado contra la gestión libertaria, el 24 de enero de 2024, a 45 días de la asunción de Milei. Finalmente, esos artículos cuestionados por el mundo gremial quedaron sin efecto luego de resoluciones judiciales.
Hubo otros intentos en el Congreso para debatir cuestiones vinculadas al mundo gremial. Sin embargo, hasta octubre del año pasado, la Comisión de Legislación del Trabajo falló tres veces en obtener un dictamen de mayoría.
El Gobierno comenzó a tomar decisiones sobre los aportes. Mediante un decreto publicado el 5 de marzo, dispuso que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores”. Excluyó a las asociaciones sindicales, cuya caja ya venía golpeada por el fin de la triangulación entre obras sociales y prepagas que, según fuentes oficiales, insumía $30.000 millones mensuales.
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