El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente se ha mostrado muy crítico con las últimas pretensiones del exministro José Luis Ábalos en la causa en la que investiga si cobró comisiones ilegales del empresario Víctor de Aldama a cambio de favores en el Gobierno del que el principal imputado estaba al frente de Transportes. Así considera que su petición de pruebas, entre las que figuraba tomar declaración al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solo pretende engrosar «artificial e inútilmente la presente instrucción» para hacerla «ingobernable».
El juez llega a decir que ignora las preguntas que se le habrían dirigido a Grande-Marlaska o al secretario de Estado de Seguridad en caso de que accediera a citarles, como pedía el ahora diputado del grupo mixto por el mero hecho de que Interior también contrató con Soluciones de Gestión. Añade que «distinto podría ser el caso, naturalmente, si la defensa de Ábalos hubiera explicado (o explique en el futuro), qué clase de intervención pudieran haber tenido los testigos en los hechos que ahora se investigan, qué conocimiento concreto pudieran albergar acerca de aquellos; o, en fin, si identificara razonablemente cualquier posible irregularidad relevante en los contratos suscritos en el marco del ministerio que los testigos propuestos dirigen», puesto que la investigación que tiene entre manos se circunscribe a lo adjudicado por empresas dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de favores a su máximo responsable.
«Lo que, a juicio de este instructor, no puede asumirse es que, sobre la base de una circunstancia aparentemente ajena a lo que resulta en esta causa especial objeto de investigación, y sin ninguna otra explicación complementaria, se engrose artificial e inútilmente la presente instrucción hasta convertirla en definitivamente ingobernable», lo que lleva al magistrado a declarar «la improcedencia de practicar, por inútil o perjudicial en los términos en los que viene planteada, la diligencia de investigación propuesta».
Dilaciones innecesarias
El auto en el que el magistrado señala los indicios que ha encontrado contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera dedica la mayor parte de sus páginas a criticar las diligencias solicitadas por el exministro, cuya defensa ejerce el abogado José Aníbal Álvarez. También proponía como testigos a trabajadores del Ministerio de Transportes, de la Guardia Civil o relacionados con el piso del madrileño paseo de la Castellana que Aldama dice que le proporcionó en pago de futuras comisiones. El juez lamenta que «ni siquiera se entretiene en esbozar cuál pudiera ser el vínculo o conexión de los testigos propuestos con los hechos que aquí se enjuician«, por lo que debe rechazar su testimonio.
Y sin ello difícilmente pueden ser acordadas por el instructor del caso Ábalos. «Nuevamente, es obligado insistir en que el mero aluvión de diligencias, cuando no resulten esenciales para la finalidad de la instrucción, ningún beneficio legítimo puede aportar a la misma, ni tampoco a las partes […] más allá de contribuir a la provocación de dilaciones innecesarias«, lo que a quien más perjuicio supondría es a los imputados, que en este caso son el propio Ábalos, el que era su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.
El magistrado también rechaza enumerar las visitas que el empresario realizó al ministerio, porque su presencia allí, en la zona reservada próxima a los despachos de Ábalos y Koldo García, ha sido refrendada por varias personas, entre ellas, la propia Pardo de Vera. «No alcanza a comprender este instructor la importancia que proyectaría en la presente causa que estas visitas fueran concretamente 15, 39 o 75«, pone de ejemplo la resolución. Tampoco le ve sentido a la «hercúlea tarea» de recabar los whatsapp que el asesor se pudo cruzar con Interior, así que también acuerda su desestimación.