Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). / A. Pérez Meca – Europa Press
En estas horas estarán leyendo y oyendo hablar mucho de la posible condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas. De que si los socialistas la ponen encima de la mesa porque se le prometieron a ERC a cambio de una investidura; de que si es bueno o es malo socializar esa promesa política con todas las autonomías de régimen general para «tapar» el compromiso con un «café para todos»; de que el PP hace «teatro» con sus presidentes autonómicos levantándose del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para, en tiempo de descuento, terminar aceptando que le perdonen un porcentaje de lo que deban como ofrece el Gobierno; de que si unos «compran» su continuidad en La Moncloa y otros hacen una oposición «irresponsable» y llena de «contradicciones», que sí, que sí, que sí…
Entre la vicepresidenta de Hacienda -y candidata del PSOE en Andalucía- y los consejeros del ramo del PP no hay en estos momentos un idilio, como evidenció la gestualidad y las palabras subidas de tono en la cita del CPFF. Desplante programado y medido y acusaciones de cobardía como réplica. Política con minúsculas. Sin embargo, ahora sabemos que antes de que los populares se levantaran este miércoles para marcharse, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, tuvo tiempo de lanzar un aviso sobre la quita de deuda que impulsa Pedro Sánchez: el ahorro del pago de intereses ligado a esa medida no permitirá un aumento directo en el gasto de sanidad, educación o dependencia.
Hasta el momento, la vicepresidenta Montero sostenía que, con la quita propuesta, el conjunto de las comunidades autónomas tendrán un ahorro de hasta 7.000 millones de euros que los gobiernos regionales podrán destinar a financiar el estado de bienestar, dentro de sus competencias. La Airef no hace la misma lectura: advierte de que la regla de gasto -así como el diseño de las nuevas fiscales aprobadas por la Unión Europea, que han entrado en vigor en 2025-, impide que el ahorro generado por el pago de intereses pueda servir para elevar el techo de gasto. Esta discusión, la que encierra la pregunta de «si Sánchez condona tu deuda, ¿en qué te la gastarías?», sí es crucial para la ciudadanía y para entender si lo que se ofrece servirá únicamente para sanear cuentas públicas o, como argumenta el Gobierno central, se puede ir más allá.
El debate sobre los ingresos y los gastos de las Administraciones es complejo, lleno de matices, técnico, poco digerible para los amantes de las letras y los discursos más que de los números, sí, pero es indispensable para garantizar el futuro de un país basado en el sistema del bienestar y que garantiza a sus ciudadanos servicios públicos. Vivan donde vivan. Sea cual sea su situación económica y vital. Los parlamentarios españoles deben a sus representados un nuevo modelo de financiación autonómica y local, puesto que el que sigue vigente se aprobó en el 2009 y tiene poco que ver ya con la España y sus necesidades de 2025. ¿Entonces?
La realidad es que sus señorías han sido incapaces de pactar, en los últimos años, un sistema renovado que vertebre territorios y nos haga iguales en lo esencial, pese a nuestras diferencias. Pero nos lo deben. Se lo deben a las generaciones presentes y futuras y tendrían que sentirse obligados a hacer un esfuerzo para acordar sus mimbres –especialmente los dos partidos mayoritarios- en un curso parlamentario como este, a priori libre de convocatorias electorales.
Cierto es que el espectáculo que estamos viendo ahora en torno a un posible aperitivo de un debate sobre financiación, como es la oferta de condonar una parte de la deuda de las autonomías (17.000 millones a Cataluña por el acuerdo con ERC y, en total, 83.252 millones al conjunto de las comunidades) no lleva al optimismo. Está repleto de medias verdades, medias mentiras y dosis exageradamente altas de populismo: ni se puede ni se debe ocultar que la quita que viene nace de un acuerdo para atar una investidura que, para evitar mayores controversias, se ha decidido generalizar a todos los territorios. Tampoco es muy razonable quejarse cada día de la falta de ayuda económica por parte del Ejecutivo para después sugerir que se rechazará la condonación ofrecida por derivar de un pacto con el independentismo. Ese independentismo pesa en la legislatura nacional, pero ya no tiene el poder en la Generalitat catalana. No es dato menor.
Así las cosas no es sencillo imaginar un pacto de Estado en torno a los números, los de la deuda o los de la financiación. Pero lo responsable es exigírselo a los que un día votamos para que, además de no hurtarnos debates políticos y económicos con mayúsculas, nos ofrezcan soluciones. Y un futuro sin tanta incertidumbre.