La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública prepara un decreto con el que ampliará las ayudas sociales a sus funcionarios. Entre los principales beneficiarios estarán las víctimas de violencia de género, los empleados públicos que tengan ascendentes a su cargo y medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral, que actualmente no están recogidos en las leyes autonómicas.
La Consejería que dirige José Antonio Nieto se ha propuesto modernizar el empleo público y pasar de «un modelo de administración que tiene mucho más que ver con la administración del siglo XX que con la administración del siglo XXI» a un sistema actualizado. Así, además de la ley de función pública que aprobó la Junta en 2023, el consejero ha negociado y negocia con el sector varios decretos con los que dar un nuevo impuso a la administración de la Junta. El primer decreto aprobado ha sido el referente al acceso a la función pública, después llegará la regulación del teletrabajo y la evaluación del trabajo, a los que se suma también la regulación de las ayudas sociales.
«Los nuevos modelos de familia, el cuidado de los ascendientes dependientes, la violencia de género, que por desgracia también afecta a las empleadas públicas, o la necesidad de avanzar en la corresponsabilidad y conciliación exigen un modelo de acción social diferente«, explica la memoria del proyecto, que desde la Consejería se ha definido como «necesario». El objetivo principal del decreto consiste en «redefinir la acción social para adaptarla a los cambios sociales y a las nuevas realidades familiares que demandan ayudas acordes a los nuevos tiempos».
Una legislación «obsoleta»
En este momento la normativa vigente tiene más de 20 años y ha perdido vigencia al no estar adaptada a los cambios tecnológicos o sociales que ha vivido la comunidad autónoma desde principios de este siglo. Además, las numerosas normas que se han aprobado en estas dos décadas, relativas a la discapacidad, la dependencia o la igualdad han hecho que muchos de los puntos que recoge la ley hayan quedado «obsoletos», como asegura justicia, que añade que las «situaciones derivadas de nuevas necesidades personales, familiares y laborales del personal empleado público no encuentran en la normativa actual una cobertura adecuada».
Una de las medidas más evidentes es que la legislación actual ofrece ayudas para el pago de guarderías, que ya se bonifican con el programa de ayudas a las familias para el fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil, por una de hijo o hija a cargo menor de tres años. También cambian las ayudas a los estudios, que «se otorgarán exclusivamente por los estudios universitarios que tengan un coste efectivo para la persona solicitante de la ayuda» y se sustituyen los anticipos de nómina por préstamos sin intereses desvinculándolos.
La norma dicta que las tramitaciones se adaptarán a la digitalización y simplificación que plantea la administración actual, que hará que sea de forma exclusivamente electrónica. Además, «para hacer partícipe al personal destinatario de las ayudas» se crea la Comisión de Acción Social como órgano de participación social.
Según calcula la Consejería hasta 246.748 empleados públicos podrían verse beneficiados por las ayudas sociales que plantean, ya que no se reducirá exclusivamente a los trabajadores de la administración general. Se prevé que su aprobación llegue en los próximos meses y entrará en vigor el día 1 de enero del año siguiente al de su publicación en BOJA.