El objetivo es claro: para el Frente de Izquierda, los tres niveles de gobierno y Estado deben garantizar un plan integral de Emergencia, que ponga todos los recursos e impulse todas las acciones necesarias para asistir de inmediato a las familias damnificadas por el temporal que azotó a la región el 7 de marzo pasado, dejando como saldo hasta el momento más de 16 víctimas fatales, 160 personas desaparecidas, miles de evacuados y cientos de familias que aún permanecen aisladas porque el agua no bajó lo suficiente como para que puedan salir. “Además, generó anegamientos en diversas zonas urbanas y periurbanas, afectando la circulación, el acceso a viviendas y comercios, el colapso del sistema de desagüe y drenaje y destrozos en infraestructura pública y personal”, dice el proyecto de autoría de Nicolás del Caño y Christian Castillo, que suscriben todos los diputados del FIT.
En sus fundamentos, el proyecto de la izquierda denuncia que “a poco de cumplirse un año del temporal del 16 de diciembre del 2023, que se llevó 13 vidas y dejó destrozada la ciudad, asistimos a un nuevo crimen social ante un fenómeno completamente previsible, contemplado en las predicciones del Panel de expertos en Cambio Climático de la ONU y estudiado por trabajadores de la ciencia nacional, del Conicet, que ya desde el 2012 anunciaban el peligro. No se puede decir que es una tragedia “de la naturaleza”. Son las consecuencias del calentamiento global y la destrucción ambiental capitalista que el gobierno de Milei niega”.
En ese mismo sentido, el texto también precisa que los gobiernos nacional, provincial y municipal actuaron tarde, cuando el desastre ya era un hecho consumado, y “decretando que se trataba de ‘una situación excepcional’, cuando como es de público conocimiento, la ‘situación excepcional’ anterior ocurrió hace tan solo 1 año y 2 meses”, afirman desde el FIT.
La emergencia que proponen plantea, por eso, que el Estado Nacional debe garantizar también todo el personal asociado a las tareas que exige la recuperación y reparación de los daños, que van desde la asistencia a las familias que siguen sufriendo las consecuencias del temporal a la reconstrucción de los hogares y la infraestructura pública; el restablecimiento de todas las redes de servicios; la recuperación inmediata de las actividades sanitarias, educativas, económicas y sociales, priorizando a los sectores más vulnerables, entre otras muchas cuestiones.
Las bancas del FIT también denuncian que mientras la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se dedica a atacar al Servicio Meteorológico Nacional, afirmando que no existió el mencionado alerta, el freno a la obra pública, otra de las causales de este desastre, sigue siendo una de las “prioridades” del gobierno de Javier Milei. Mientras el ministro Luis Caputo anuncia que se destinarán $10 mil millones de pesos para las reparaciones, sólo en enero de 2023 el gasto en obra pública fue de $157.000 millones, ajustado por inflación. La cifra, además, contrasta con 5.000 millones de dólares que se pagaron sólo en el último año al FMI por la usurera deuda externa: quinientas veces más que lo que quieren destinar ahora.
En contraste, el proyecto, que reproducimos completo más abajo, plantea que las partidas necesarias para que se cumpla esta ley deberán provenir del Fondo para la Gestión Integral del Riesgo, creado por la Ley N° 27287 y, de no ser suficiente, “de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales, así como de la inmediata suspensión de todo pago de la deuda externa”.
Entre otras cuestiones, la iniciativa propone la creación de un Comité de Emergencia para la prevención, atención y reparación de las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales causadas por la inundación del pasado 7 de marzo. Este comité estará conformado por vecinos, trabajadores afectados, equipos técnicos, profesionales y personal especializado de las Universidades Públicas Nacionales, del Conicet, del Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales y la comunidad organizada.
También establece que las personas damnificadas tendrán derecho a licencias laborales con goce de haberes desde el momento en que se produjo la inundación y hasta tanto se normalice la situación. Además, se prohíbe el despido por ausencia laboral de las personas damnificadas así como de los familiares de personas afectadas que necesiten asistencia, personas fallecidas y desaparecidas.
«Hoy es nuevamente la solidaridad que brota desde abajo, con vecinos que se organizan para ayudarse, edificios que se convierten en pequeñas comunidades de unidad para conseguir agua, asistir a los adultos mayores, subir víveres por las escaleras», señala el proyecto que el Frente de Izquierda buscará llevar a la sesión especial que fue convocada para el próximo miércoles 12 de marzo.
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PL Emergencia Temporal Bahia Blanca by Sol Bajar