El gobierno nacional montó un fuerte operativo en la previa de esta nueva marcha de los jubilados, una semana después de la violenta movilización que ocurrió el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso.
A cargo de la movida está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encomendó a las fuerzas federales a hacer controles ya desde anoche, cuando agentes de la Gendarmería con colaboración de personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) revisaron los ingresos en la autopista Córdoba-Rosario-Buenos Aires.
Esta mañana, en tanto, el Palacio Legislativo amaneció vallado. Es que más allá de la marcha, a la que convocaron organizaciones sociales, sindicales y políticas -como las dos CTA, La Cámpora, la izquierda y Argentina Humana, de Juan Grabois- habrá en el recinto de Diputados una sesión en la que el Gobierno busca que le avalen el decreto para firmar un nuevo acuerdo con el FMI.
En tanto, los puentes de acceso a la Ciudad y las terminales ferroviarias son controladas por las fuerzas a cargo de Bullrich.
Asimismo, la Policía de la Ciudad colaborará con el despliegue. Según lo que pudo averiguar LA NACION, habrá 900 efectivos de la fuerza porteña dispuestos en el tercer anillo de contención.
El martes, el gobierno de Jorge Macri retiró 350 contenedores de residuos para evitar que sean vandalizados y también aportará para este día 600 agentes de tránsito para ayudar con la circulación.
El senador nacional de Unión por la Patria (UP) Oscar Parrilli cargó este miércoles contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo policial de la semana pasada, similar al previsto para esta jornada en la marcha de los jubilados en el Congreso.
“Bullrich es una ministra de la violencia institucional que hizo de las muertes un ADN de su historia política. Independientemente de los sectores en donde estuvo, siempre hubo muertes. Y creo que hoy está buscando que haya un muerto para atemorizar a la gente, así como cuando fue ministra de Mauricio Macri con Santiago Maldonado”, indicó Parrilli en diálogo con Radio Delta.
En la antesala de la movilización, el legislador de la Cámara alta cercano a Cristina Kirchner agregó sobre la funcionaria de Javier Milei: “Es perversa, violenta. Los argentinos tenemos que tener en claro que hoy no hay Estado de derecho. Es una situación límite en cuanto al nivel de represión que lleva adelante esta mujer”.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró que la Policía de la Ciudad haya detenido a uno de los responsables de incendiar el patrullero de esa fuerza, que fue quemado en la anterior manifestación por los jubilados.
“Que les quede claro: no van a quedar impunes. No vamos a descansar hasta que todos estos delincuentes sean detenidos y llevados a la Justicia”, indicó.
A pocas horas de que se inicie una nueva movilización frente al Congreso por los jubilados, el Gobierno utilizó el servicio de comunicación de todas las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para enviar un mensaje. A través de las pantallas de las estaciones de trenes y el sistema de audio se advirtió que “la policía va a reprimir todo atentado contra la República”.
“Protesta no es violencia”, fueron las palabras oficiales que eligieron desde Casa Rosada y que le pidieron a la empresa estatal Trenes Argentinos que replicara en las distintas vías de comunicación que hay en las paradas ferroviarias, entre ellas los altoparlantes, según pudo saber LA NACION. Generalmente, desde estas pantallas y el sistema de audio se transmiten campañas de distinto tipo o cuestiones vinculadas al servicio de los trenes.
No es la primera vez que desde un gobierno utilizan este método para llevarle un mensaje determinado a la sociedad. En 2023, desde la gestión de Alberto Fernández utilizaron las pantallas de las estaciones de trenes, y en un intento de acelerar el ingreso al ballottage del oficialista Sergio Massa, publicaron las siguientes frases: “Tarifa trenes Massa 56,23 pesos; tarifa trenes [Javier] Milei 1100 pesos; tarifa trenes [Patricia] Bullrich 1100 pesos”. No fueron los únicos. “Cuando te hablan de subsidio esa es la diferencia en tu precio”, agregaron.
Por Laura Serra
En una nueva jornada de agitación en los mercados financieros, el oficialismo buscó dar una señal de calma y despachó, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, un dictamen de mayoría que ratifica el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que habilita al Gobierno a sellar un acuerdo de refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Alcanzado este objetivo –el dictamen–, el oficialismo lo llevará al recinto de la Cámara de Diputados. La sesión especial está citada este miércoles, a las 10, previo a la nueva movilización que fuerzas opositoras y de izquierda convocaron frente al Congreso en defensa de los jubilados. En la sesión los libertarios esperan validar el DNU con el apoyo de los bloques aliados y dialoguistas; con esta aprobación buscarán garantizar su vigencia, neutralizando al kirchnerismo y la posibilidad de voltearlo en el Senado.
El oficialismo destrabó el dictamen con el guiño del senador formoseño Francisco Paoltroni. Tal como anticipó a LA NACION, el legislador presentó un dictamen propio, aunque en disidencia. Al oficialismo le dio igual: lo único que le importaba era reunir el voto de la mayoría absoluta de la Comisión Bicameral (nueve firmas sobre un total de 16 integrantes) para emitir dictamen.
Por Javier Fuego Simondet y Nicolás Balinotti
Adiferencia de la movilización en apoyo a los jubilados de la semana pasada, cuando resultó difícil identificar a un grupo detrás de la protesta que terminó en represión policial, la convocatoria para esta tarde se anticipa más organizada, con agrupaciones políticas, sindicales y movimientos sociales en la primera línea, lo que le daría un marco de mayor contención al reclamo callejero.
A pedido de la mesa coordinadora de jubilados, que recibieron el apoyo de las dos vertientes de la CTA, se consensuó con los diferentes sectores convocantes desplazar esta vez del centro de la escena a los presuntos barrabravas. Si bien se abrieron negociaciones con los referentes de las hinchadas, las barras de los principales clubes del país decidieron mantenerse otra vez al margen y no participar de la manifestación, según averiguó LA NACION de fuentes del Ministerio de Seguridad y operadores políticos y sindicales acostumbrados a tratar con las barras. El miércoles pasado hubo solo cinco de los 114 detenidos relacionados con la violencia en el fútbol, según informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La de hoy será otra prueba para el Gobierno sobre el control de la calle.
Mientras el dólar pegaba este martes un inesperado brinco, vibración que afectó también en el exterior a las acciones de empresas argentinas, la Capital vivía las vísperas de dos días, miércoles y jueves, signados por posibles decisiones del Congreso y su repercusión en la calle. “Pronóstico reservado”, repetían senadores y diputados cuando se les preguntaba cómo será el miércoles azaroso. No obstante, fuentes de la Cámara de Senadores consideraban improbable que se realice el jueves la sesión de ese cuerpo pedida por el oficialismo y la oposición con intenciones muy diferentes. El peronismo le solicitó la reunión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta natural del Senado, para tratar los respectivos acuerdos senatoriales a los dos candidatos propuestos para jueces de la Corte Suprema, el jurista Manuel García-Mansilla y el actual juez federal Ariel Lijo. Supuestamente, el peronismo se apresta a rechazar los dos acuerdos y por eso quiere la reunión. El pedido del oficialismo mileísta es, por el contrario, para tratar el proyecto de ficha limpia, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que, de aprobarse en el Senado, dejaría fuera del juego electoral a Cristina Kirchner. En efecto, esa iniciativa dispone que no podrán ser candidatos (ni ejercer cargos públicos) quienes estén condenados por casos de corrupción en dos instancias de la Justicia. Es el caso de Cristina Kirchner, que fue condenada por un tribunal oral y por la Cámara de Casación a seis años de prisión por corrupción en el manejo de la obra pública en Santa Cruz. El expediente será enviado por Casación seguramente a la Corte Suprema, pero sería extraño que este tribunal acepte analizar un expediente con resultados idénticos en todas las instancias de la Justicia.
De todos modos, el Gobierno pidió el tratamiento de ficha limpia para espantar al peronismo (que considera ese proyecto un intento de proscribir a su jefa política) e impedir el quorum del Senado y el eventual rechazo de los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Senadores oficialistas argumentaron que, más allá de las diferencias de Javier y Karina Milei con Villarruel, es improbable que esta permita que se abra una sesión del cuerpo por cualquier razón. La oposición necesita los dos tercios de los votos presentes para agregar a cualquier agenda preestablecida el tratamiento de los acuerdos a los dos candidatos a jueces supremos. Esta es una interpretación del reglamento; existe otra explicación, que indica que los acuerdos a jueces de la Corte deben darse en una sesión especialmente convocada y que, por consiguiente, tales acuerdos o rechazos no pueden ser impuestos en cualquier reunión. “La Cámara será citada especialmente en sesión de acuerdos por resolución de la Presidencia, y mediante cédula firmada por el secretario del cuerpo”, dice el artículo 23 del reglamento del Senado cuando se refiere a las sesiones para darles acuerdos a candidatos a jueces de la Corte. Con todo, un senador fue tajante: “Cualquier tema necesita el voto de los dos tercios para ser tratado si no está en el temario”. Punto. No habría ninguna excepción, según esa opinión, con los jueces de la Corte. Por eso, la vicepresidenta aspira a postergar la sesión para la próxima semana, al menos.
Los reporteros gráficos asistirán este miércoles a cubrir la marcha por los jubilados en las inmediaciones del Congreso pertrechados con cascos y máscaras antigases. Si bien ya se movían de esa manera desde la aplicación del protocolo antipiquetes, en el inicio de la administración libertaria, las prevenciones se multiplicarán tras lo sucedido con Pablo Grillo, el fotógrafo herido en plena manifestación la semana pasada.
En forma paralela, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) convocó para este miércoles a las 15 a una caminata denominada “Fuerza Pablo”, que partirá desde la sede de la entidad, en Venezuela 1433, y llegará hasta la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís, donde Grillo fue “herido de gravedad por parte de las fuerzas de seguridad”, indicaron los reporteros en un comunicado.
El Gobierno anticipó que las fuerzas de seguridad intervendrán si se registran hechos de violencia durante la manifestación convocada para este miércoles en el centro porteño. “Aquel que mañana vaya a manifestarse pacíficamente y vea violencia, que se corra, porque las fuerzas de seguridad van a actuar. Si tienen que reprimir a los violentos, lo van a hacer”, advirtió anoche el vocero presidencial, Manuel Adorni, en LN+. Las declaraciones se produjeron en la previa de la nueva protesta, tras los incidentes registrados la semana pasada, que dejaron decenas de heridos y detenidos, incluido Pablo Grillo, quien continúa internado en grave estado.
Adorni señaló que el Gobierno espera que la jornada se desarrolle en paz y que los manifestantes puedan expresarse sin inconvenientes. “De hecho, los que se manifiestan legítimamente, independientemente de que podamos no estar de acuerdo con ellos, merecen hacerlo en paz. Sin infiltrados, sin violencia, sin barras, sin tirapiedras, sin quemacoches”, afirmó el funcionario.
Tras los incidentes que se produjeron en la última marcha de jubilados, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó el operativo de seguridad vial para la manifestación de este miércoles. Según informó el Ministerio de Seguridad porteño, se requerirá la presencia de 900 efectivos oficiales y se reordenará el tránsito en las inmediaciones del Congreso.
El tránsito permanecerá cerrado a partir de las 9, una hora antes de que comience la sesión convocada para tratar el DNU publicado por el gobierno nacional sobre el nuevo acuerdo con el FMI. Los vehículos no podrán circular por el perímetro comprendido entre las calles Paraná -y su continuación, Sáenz Peña-, Adolfo Alsina, Bartolomé Mitre y Ayacucho -y su continuación, Sarandí-. Además, señalaron que 600 agentes estarán reorganizando el tránsito en las calles para facilitar el paso.
Tal como había anticipado la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, este domingo en LN+, el Gobierno ofrecerá una recompensa de 10 millones de pesos para aquellas personas que presenten datos que permitan identificar a quienes participaron de los incidentes en la marcha de jubilados. Desde la cartera señalaron que buscan capturar a los “autores y responsables de haber promovido disturbios y delito en la zona del Congreso”.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial, por medio de la Resolución 357/2025, donde se estableció como requisitos que los eventuales portantes de datos no debe haber intervenidos en los hechos y que la información debe ser útil, precisa y concreta. El pago estará a cargo del ministerio, luego de que se realice un informe que valide el mérito.
Por Mariano Spezzapria
La expresidenta Cristina Kirchner encabezó una reunión “urgente” del Consejo Nacional del PJ, el órgano de conducción del principal partido de oposición, para ratificar en duros términos su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que persigue el Gobierno, y discutir acciones tendientes a bloquear el decreto de necesidad de urgencia (DNU) mediante el cual el presidente Javier Milei busca implementarlo con aval parlamentario.
Según pudo saber LA NACION, sobrevoló el encuentro una advertencia de expulsión para los diputados de la fuerza que, eventualmente, apoyen la iniciativa oficial. “Tenemos que ser claros: los diputados y senadores que voten por la aprobación del DNU 179/25 le estarían confiriendo al presidente Javier Milei las ´facultades extraordinarias´ que son fulminadas con nulidad insanable y absoluta en el artículo 29 de la Constitución Nacional”, indicó el PJ en un comunicado.
A dos meses de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, previstas para el 18 de mayo, el diputado Leandro Santoro anunció que será candidato a legislador porteño. Tal como adelantó LA NACION, no se presentará a través de la marca Unión por la Patria (UP), sino que será por medio de un frente llamado “Es ahora Buenos Aires”.
“Todos coincidimos en que Buenos Aires está abandonada. Se siente en el aire que hay un modelo agotado”, afirmó en una entrevista en el canal C5N y ató también su decisión a las tensiones e internas dentro de Pro y La Libertad Avanza. “La disputa que uno ve en las últimas semanas habla más de una banda que se está disputando un botín, como diría Patricia Bullrich, que del intento de dar una vuelta de página de lo que fue un modelo con luces y sombras, pero que hace mucho tiempo nos tiene a la intemperie”, dijo.
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