La profesora Ana Contreras, quien da clases en el área de sociales en La Pampa, tanto en nivel medio como superior universitario, que es además programadora de cine y dirige actualmente el Festival de Cine de General Pico, sufre una repudiable condena al ser acusada injusta y arbitrariamente por ejercer “violencia psicológica” sobre una alumna de origen judío, tras expresar en clase el apoyo a Palestina en el conflicto con Israel. Fue denunciada primero en la policía y luego judicialmente, por el padre de la estudiante, a fines de 2023 al mencionar la ocupación israelí en Palestina, en el marco de una clase, ante la consulta de otra estudiante sobre el tema.
El fallo, dictado por el juez Maximiliano Boga Doyenard, está recibiendo el rechazo de sindicatos, federaciones como la FND, seccionales y agrupaciones docentes, incluso universitarias (ver nota) y organismos de derechos humamos como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (ver aquí y aquí). A continuación, para su conocimiento y mayor difusión, desde Periodismo de Izquierda reproducimos esa declaración solidaria del Encuentro (EMVyJ).
ABSOLUCIÓN DE ANA CONTRERAS, RECHAZAMOS LA JUDICIALIZACIÓN DEL TRABAJO DOCENTE
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia expresamos nuestra total solidaridad con la docente Ana Contreras de La Pampa, exigimos su inmediata absolución y nos oponemos a cualquier judicialización de la labor educativa. El pasado miércoles 9, el juez Boga Doyhenard de General Pico dictó una sentencia inédita, alarmante y repudiable al sancionarla con una multa millonaria, amonestaciones, prohibición de contacto y otras medidas.
La acusación y fallo se dan por una clase de Construcción de Ciudadanía en octubre de 2023 al hablar sobre DDHH y cómo se vinculaba el concepto de genocidio del Holocausto al Terrorismo en Argentina, cuando una alumna preguntó qué relación había con el conflicto de medio oriente y la ocupación de Israel en Palestina, lo que podría terminar en un genocidio o limpieza étnica. Una alumna de religión judía dijo sentirse agraviada, según la denuncia judicial de su padre, la que terminó en el inaceptable veredicto sobre un supuesto “maltrato psíquico” a la estudiante.
Rechazamos este avasallamiento de la libertad de expresión y de cátedra, como los planteos de supuesto “adoctrinamiento” que pretenden imponer un “pensamiento único”. Es el mismo padre que había hecho otra denuncia contra la docente y la propia escuela, para que no se trabajen contenidos de la ESI, argumentando “objeción de conciencia” y vulnerando las leyes, tanto provincial como nacional.
La construcción social del conocimiento implica miradas múltiples y formar con sentido crítico. Su judicialización genera alarma y rechazo en la docencia y la comunidad educativa, porque actúa como disciplinador de qué y cómo enseñar, en un precedente gravísimo. Ningún comentario en un espacio de formación puede derivar en un proceso judicial, toda observación sobre un proyecto áulico lo contemplan los protocolos del Ministerio de Educación. Pero la denuncia fue a la justicia, vulnerando el proyecto institucional de la escuela, que marca los contenidos y orientaciones pedagógicas, avasallando así el proyecto escolar, algo que la justicia debía rechazar.
El hecho no es aislado, expresa un problema más profundo, ante condenas y procesos por abordar la temática con sentido crítico. No se puede sancionar a la docente por tratar saberes de Derechos Humanos, Terrorismo de Estado y genocidio, que derivan en un debate sobre Palestina y la ocupación israelí, trabajada desde el derecho internacional humanitario. Ni emparentar el antisemitismo a una valoración crítica del sionismo y del Estado de Israel en Gaza, como se quiso hacer con el actor Norman Briski, al procesar a la diputada Vanina Biasi (PO-FITU) o al diputado (mc) Alejandro Bodart (MST-FITU) que enfrenta un nuevo juicio el 8 de mayo.
Así buscan acallar toda crítica o debate sobre el genocidio en Gaza, que incluso la Corte Internacional de La Haya condena. Por eso, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia demandamos la inmediata absolución de la docente Ana Contreras. La libertad de expresión y de cátedra no puede ni deben judicializarse.