El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes que la provincia tiene la intención de absorber las acciones de la compañía Aerolíneas Argentinas en el caso de que la administración nacional desee «transferirla, venderla, liquidarla o cerrarla» con el objetivo de «evitar su desaguace».
“El Gobierno nacional dice que nadie quiere a Aerolíneas Argentinas: es mentira, la provincia de Buenos Aires sí la quiere y, en el caso de que finalmente decidan transferirla, expresa su vocación de empezar el camino de diálogo con los trabajadores y gobernadores de otras provincias y a dar todos los pasos institucionales que sean necesarios para sostenerla”, planteó el mandatario peronista en una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno, en La Plata, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, y los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo, Andrés Larroque.
También participaron Pablo Ceriani (extitular de Aerolíneas Argentinas) y los secretarios generales de los gremios aeronáuticos Edgardo Llanos (APA), Juan Pablo Brey (AAA), Rubén Fernández (UPSA) y Mateo Ferreria (APLA).
En su mensaje, el mandatario remarcó que «el gobierno de Javier Milei insiste en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Nos parece deplorable y trágico que se marche a la privatización. No es una novedad: ya se privatizó y desembocó en un desguace y liquidación, en pérdida de rutas y cierre de destinos. Fue un desastre».
«El año pasado, Aerolíneas Argentinas no recibió asistencia del Gobierno nacional. Déficit no hay o es menor. Este es un intento de saqueo de Aerolíneas Argentinas. Cuando se privatizó, dejó de volar a destinos no rentables y dejó sin conexión a media Argentina. Esa es la idea, la quieren vender para hacer un negociado y una estafa», describió.
Los números de Aerolíneas Argentinas
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Desde la Provincia estiman, en base a cálculos hechos con parámetros establecidos por de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que Aerolíneas Argentina no sólo «asegura conectividad» sino que «genera ingresos por más de u$s2.500 millones».
De acuerdo a esas estimaciones, el Producto Bruto Aeroportuario para el área de influencia de la provincia de Buenos Aires asciende a u$s647 millones. El impacto del turismo receptivo interno asciende a u$s1.092 millones y el impacto del turismo receptivo internacional asciende a 638 millones de dólares.
A la vez, se calculó el impacto socio-económico, estimando el valor percibido por el pasajero por encima del costo del pasaje efectivamente abonado y ello significó unos u$s288 millones.
Así, en base a los cálculos oficiales, «el impacto total de Aerolíneas Argentinas en la provincia asciende a u$s2665 millones», dijo el gobernador y destacó que, además, un eventual cierre de la empresa «afectaría a 80.935 empleos directos e indirectos y comprometería seriamente a más de 10 millones de pasajeros».
«Aerolíneas Argentinas no vende y la patria tampoco. Inventan un fracaso de Aerolíneas para hacer desmanes. Vamos a llevar adelante acciones y reuniones. Los resortes de qué hacer están en el Gobierno nacional. Está la idea de llevarla a la quiebra, de disolverla o de pasarla a los trabajadores. Estamos a la espera, pero preparándonos para una decisión que debe resolver el Gobierno nacional. La provincia explora mecanismos para dar respuestas. No estamos en condiciones de que este gobierno destruya Aerolíneas. No podemos atravesar de nuevo un vaciamiento y estafa como la que ya vivimos con Aerolíneas», precisó el gobernador.
Sostuvo que su administración está «a la espera de que se decidan a gestionar Aerolíneas en favor del pueblo o impedir el desastre que quieren hacer», y apuntó que «la provincia tiene diferentes caminos» y aclaró que algunos de ellos «necesitan de leyes de la Legislatura».
En ese sentido, Ceriani, expresidente de Aerolíneas Argentinas y actual gerente de AUBASA, explicó que «la intención del gobernador es defender un servicio público que es muy importante para el país y para la provincia de Buenos Aires»; y añadió: «Hay un planteo del Gobierno nacional de privatizarla o liquidarla. Entonces, desde la provincia nos ponemos a disposición para buscar alternativas y evitar cualquiera de esas situaciones que serían perjudiciales para el transporte aéreo«.
«Se trata de una empresa que es absolutamente sostenible, que no tiene grandes deudas y que tiene potencial como para poder generar un plan de negocios absolutamente sostenible, preservar y desarrollar el servicio público y más servicios», remarcó y analizó que la flota de la compañía «está operativa y activa, con lo cual tiene que tiene mucho para dar».
En ese contexto, subrayó que pese a que Aerolíneas Argentinas «presenta patrimonio neto negativo, la forma de evaluar una empresa no es solamente por su patrimonio neto, sino por el potencial que tiene, las expectativas y el plan de negocios».
El camino legal
Fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que el DNU 70 del presidente Javier Milei y el artículo 4 de la ley Bases habilitaron la posibilidad de que se pueda transferir el cien por cien del capitán accionario de Aerolíneas Argentinas -que es una sociedad anónima- a los trabajadores, a través de un programa de propiedad participada, así como a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, mediante un convenio.
De ese modo, explicaron que si el Poder Ejecutivo nacional desea desprenderse de las acciones, éstas podrían ser transferidas a los trabajadores, a las provincias o a ambos. «Ello debería ocurrir con autorización de la Legislatura», aclararon.
En cuanto al procedimiento, Ceriani destacó que existen «distintos caminos posibles» para absorber el paquete accionario de Aerolíneas pero aclaró que todo dependerá del camino que quiera elegir el Gobierno nacional» y reconoció que existen conversaciones «tanto los gobernadores del norte, como los gobernadores patagónicos».
«Será cuestión de sentarse plantear la cuestión y ver en conjunto con los gobernadores las distintas soluciones posibles y vías alternativas como para poder seguir brindando el servicio público», completó el funcionario y enfatizó que la ley Bases «prevé mecanismos para este transferir acciones de las empresas públicas a las provincias».